TALLERES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Fundación Patagonia Natural organiza espacios de capacitación para dar a conocer, a los diferentes sectores de la sociedad, mecanismos de participación formales y no formales que les permitan participar e involucrarse en temas públicos de su interés y, especialmente, en aquellos vinculados a la conservación de la biodiversidad para asegurar que los actores a nivel nacional, provincial y local puedan, efectivamente, administrar y planificar el uso de los recursos.

Fundación Patagonia Natural en conjunto con Fundación Ambiente y Recursos Naturales llevan más de diez años trabajando en la región en procesos de capacitación sobre los mecanismos de participación.

Ciudades involucradas en la Patagonia
Río Negro: Viedma, San Antonio Oeste, Sierra Grande.
Chubut: Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Cabo Dos Bahia, Puerto Pirámide.
Santa Cruz: Caleta Olivia, Calafate, Rio Grande, Puerto Deseado, Puerto San Julian, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedrabuena.
Tierra del Fuego: Ushuaia, Río Grande.

Cuanta más gente conozca las herramientas que existen, estarán en mejores condiciones para generar procesos participativos que incidan en la toma de decisiones

¿A qué llamamos mecanismos de participación formales o institucionalizados?

Son todos aquellos instrumentos legales de la democracia participativa que constan en la constitución nacional y provincial, en las cartas orgánicas, en leyes nacionales o provinciales y ordenanzas municipales. Los mismos poseen un valor legal que respalda y garantiza su uso.

¿Cuáles son?

Consulta popular: Es una forma de democracia directa a través de la cual los gobernantes, en sus respectivas áreas y competencias, someten una decisión a la opinión de los ciudadanos.

Derecho de libre acceso a la información: Este derecho incluye el acceso por parte de cualquier persona, a la documentación integrada por los expedientes públicos, minutas de reuniones correspondencia, dictámenes técnicos, estudios científicos o a cualquier documentación financiada por los presupuestos públicos.

Iniciativa popular de leyes: Es un mecanismo mediante el cual se permite a los ciudadanos la presentación de proyectos de ley. Existen dos formas de ejercicio de la iniciativa legislativa: mediante la presentación de un proyecto específico o una propuesta general.

Presupuesto participativo: Es un procedimiento que permite participar a la ciudadanía opinando sobre la aplicación de los fondos públicos y controlando las rendiciones de cuentas referentes a su utilización.

Audiencias Públicas: Son oportunidades formales de encuentro entre múltiples actores sociales y las autoridades convocantes, para analizar el contenido de un proyecto de decisión a la luz de la diversidad de intereses que caracteriza a toda comunidad. Las audiencias públicas ofrecen un canal ordenado para garantizar un comunicación eficiente entre la comunidad y las autoridades responsables de tomar las decisiones.

¿A qué nos referimos con mecanismos no formales de participación?

Son aquellos que incluyen a individuos o grupos con diferentes perspectivas y necesidades para trabajar juntos en un tema de interés común utilizando técnicas basadas en el consenso.

Son procesos colaborativos que permiten que los diferentes actores sociales, preocupados por una cuestión común, puedan crear opciones posibles para abordarlas. Para lograrlo, es necesario que cuenten con la metodología para trabajar juntos y la información adecuada para tomar decisiones.

Si bien estos procesos son producto de la de la creatividad de cada comunidad, en algunas ciudades fueron institucionalizados en ordenanzas y, a veces, hasta incluidos sus Cartas Orgánicas.

¿Cuáles son los efectos para la comunidad de la práctica de mecanismos de participación pública?

Para el ciudadano:
Protagonismo cotidiano.
Una experiencia de educación
Una experiencia de integración social,
Una oportunidad para ejercer el derecho a la opinión y a la objeción sobre temas de la comunidad.
Afianzamiento de la tolerancia y comprensión por opiniones diferentes.

Para el gobernante:
Excelente oportunidad para ser interlocutor permanente de la ciudadanía.
Acceso directo a la información y a la opinión de los destinatarios de su gestión de gobierno.
Oportunidad para fundamentar las iniciativas legislativas directamente con los destinatarios.

Para el gobernante y el gobernado:
Facilita el planeamiento participativo.
Afianza la credibilidad social de los funcionarios públicos al estar expuestos a diferentes requerimientos de fundamentación.
Disponibilidad de una oportunidad para mejorar la transparencia en las decisiones.
Responsabilidades socialmente más compartidas